Ante los recortes en los presupuestos para educación, tanto del gobierno regional del PP, como del gobierno central del PSOE.
Izquierda Unida de La Rioja plantea como uno de sus ejes básicos de cara a las próximas elecciones generales del 20-N la defensa de una educación pública, gratuita, laica y de calidad, dentro de su programa más amplio de defensa de los servicios públicos como garantía para la igualdad de oportunidades y los derechos sociales de toda la ciudadanía.
Así, a pesar de que, tanto el PP como el PSOE, hablan de la importancia de la educación para el futuro de nuestra sociedad, tanto el gobierno central del PSOE, como el gobierno regional del PP han recortado en más de un 8% los presupuestos destinados a educación en los Presupuestos para el 2011, tanto de La Rioja, como de España.
En La Rioja, el recorte de inversiones para la educación pública es aún más grave, ya que, al mismo tiempo, se está subvencionando a los colegios privados con 600 euros por cada alumno matriculado en el Bachillerato privado, como consecuencia de la última ley educativa aprobada por el gobierno del PSOE que permite los conciertos también en los tramos no obligatorios de la enseñanza como es el caso del Bachillerato.
Del mismo modo, ambos partidos han congelado la oferta pública de empleo para cubrir con nuevos profesores las plazas necesarias en los centros educativos públicos y garantizar una educación de calidad.
En este contexto, IU es la única garantía para la defensa de una educación pública de calidad que sea el eje vertebrador de nuestro sistema educativo, frente a la defensa de los conciertos educativos que hacen el resto de partidos de ámbito estatal como PP, PSOE o UPyD.
Así, entre las distintas propuestas que plantea en el ámbito de la educación, IU apuesta por la elaboración de una ley educativa que sitúa la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo, recuperando su prestigio y potenciando su extensión y mejora. En este sentido, se plantea avanzar hacia una red única de centros públicos, mediante un proceso negociado que empiece por suprimir los conciertos a aquellos centros que no cumplan estrictamente con todos los requisitos legales o estableciendo el carácter subsidiario de los conciertos existentes respecto a la red pública y, por tanto, rechazando los conciertos donde existan plazas públicas suficientes, hasta alcanzar progresivamente una única red pública.
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